Económica

Información sobre actos de gestión administrativa, con repercusión económica o presupuestaria, así como información estadística de la Administración General del Estado.

¿Qué contiene esta categoría?

Dentro de esta categoría se publica la siguiente información de carácter económico:

• Información sobre los contratos: su objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que se haya publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento, identidad del adjudicatario, modificaciones del contrato, desistimiento y renuncia de los contratos.
• Convenios suscritos: partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. También se publican las encomiendas de gestión, identificando su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y subcontrataciones realizadas.
• Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
• Información de carácter presupuestario, identificando las principales partidas asignadas a los diferentes organismos y entidades e incluyendo el seguimiento de su ejecución.
  El informe anual sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Información sobre las cuentas anuales, así como los informes de auditoría y fiscalización de los que sean objeto. Retribuciones íntegras percibidas anualmente por los altos cargos. La publicación se realiza respecto de las retribuciones percibidas en el ejercicio inmediatamente anterior.
• Resoluciones de compatibilidad que sean concedidas a los empleados públicos así como las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas concedidas a un alto cargo una vez haya cesado de su puesto público.
• Información de carácter estadístico que permita valorar el nivel de cumplimiento y la calidad de los servicios públicos por ellos prestados.